Las críticas fueron producidas a raíz de la huelga de trabajadores de Minera Escondida. El abogado y experto en derecho laboral de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, sostuvo que dicha negociación colectiva se hizo conforme a la regulación actual heredada de la dictadura.
El jueves pasado se terminó la huelga de los trabajadores de Minera Escondida con el acuerdo de atenerse a la nueva legislación laboral a mediados del 2018 e iniciar nuevas negociaciones con la empresa.
No obstante, la extensa paralización de actividades de los funcionarios de la cuprífera de BHP Billiton, adelantó en la opinión pública el debate por la aplicación de la reforma laboral y los efectos de su debut en el crecimiento económico del país.
Es más, algunos no dudan en advertir y vincular derechamente la modernización de las relaciones laborales, que incluye a la huelga como herramienta para el aumento de salarios, con la actual contracción en la inversión y el desempleo.
Dicha relación es refutada por expertos de la Fundación Sol, que la catalogan como una “campaña del terror” y recuerdan que Minera Escondida es transnacional, por lo que todo lo que produce se destina al exterior. Asimismo, argumentan que del total de la recaudación fiscal, lo que se le puede atribuir al impuesto específico a la minería, no es más de un 1,5 por ciento.
Al respecto, la semana pasada se vio a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, defender por a través de una carta de opinión en un medio escrito, la iniciativa que entra en vigencia en unos días. La Secretaria de Estado fue clara al señalar que “la huelga de Escondida no es un precedente de la reforma, porque se ha llevado a cabo bajo la ley que rige actualmente”, para ella, “señalarla como el hito inicial de la nueva normativa no procede ni se sostiene jurídicamente”.
Similar punto de vista sostuvo el vocero del Sindicato N°1 de Minera Escondida, Carlos Allendes, quien indicó que deberán enfrentar el próximo año las deficiencias que identifican en la nueva legislación.“Si no existe unidad en los trabajadores, ningún Código, ninguna ley, ningún estamento, va a poder llegar al final a un conflicto de acuerdo. Lamentablemente si los trabajadores no están unidos, los empresarios de este país van a precarizar la mano de obra”, declaró el dirigente.
El abogado y experto en derecho laboral de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, reforzó la idea de que la negociación colectiva de Minera Escondida se hizo conforme a las reglas actuales heredadas de la dictadura, las que a su juicio, la reforma no toca sustancialmente. “La Nueva Mayoría no tiene convicciones laborales fuertes y por lo tanto, presionándolos un poco y creando un debate artificial y fantasioso, es rápidamente acogido por este sector y el Gobierno. Los sindicatos van a seguir siendo débiles, el Sindicato de Escondida ha hecho esta huelga desde siempre y es una completa excepcionalidad en el panorama sindical chileno”, señaló el jurista.
Ugarte enfatizó en que no hay un avance significativo en el ajuste a los criterios internacionales admitidos puesto que, por ejemplo, se mantienen infracciones en los derechos a huelga y no se permite la negociación por rama.
Además, se observa una falta de atención a los convenios ratificados por Chile que, entre otras materias, buscan la reducción de las judicializaciones laborales. El abogado laboral de Libertad y Desarrollo, Sergio Morales, aventuró que durante los primeros años de aplicación de la nueva regulación, existirá un aumento de la conflictividad que terminará en tribunales o en la Dirección del Trabajo.“Con la Reforma Laboral hay una judicialización mayor por el tránsito de una regulación a otra, pero no creo que sea una intención del Estado de burlar un tratado internacional. Sucede que la regulación con la que terminamos es poco prolija y bastante confusa en muchos aspectos que requieren de un trabajo legislativo que el Gobierno se ha negado a hacer y ahí está el problema” manifestó Morales.
En este mismo ámbito, el director de Clapes UC, Felipe Larraín, cuestiona qué harán las empresas que no tienen recursos para contratar abogados litigantes. En esa línea, advierte que las judicializaciones producirán “altos costos y complejidades, en especial para las empresas medianas”.
