Trabajadores traspasados a sostenedores sin fines de lucro pierden gratificación legal
Fuente: www.prosindical.cl
Así lo acaba de establecer la Dirección del Trabajo, en aplicación de las normas generales. Dictamen afecta a profesionales y asistentes de la educación provenientes de colegios particular subvencionados que perseguían fines de lucro.
El 28 de junio de 2015 se publicó la Ley 20.845 de Inclusión Escolar que Regula la Admisión de los y las Estudiantes, Elimina el Financiamiento Compartido y Prohíbe el Lucro en Establecimientos Educacionales que Reciben Aportes del Estado. Entre sus disposiciones más importantes está aquella que establece que “Todos los sostenedores que reciban subvenciones o aportes regulares del Estado no podrán perseguir fines de lucro, y deberán destinar de manera íntegra y exclusiva esos aportes y cualesquiera otros ingresos a fines educativos.” Esto obliga a las sociedades educacionales que obtenían utilidades con la administración de colegios particular subvencionados a optar por transformarlos en 100% particulares, convertirse en corporaciones educacionales o entidades individuales educacionales sin fines de lucro creadas conforme a la nueva ley, o traspasar la calidad de sostenedor a una de estas personas jurídicas.
Para garantizar la continuidad operacional de la calidad de sostenedor traspasada a una de estas personas jurídicas, el artículo 2 transitorio de la ley regula el traspaso de las obligaciones comerciales, educativas, laborales y previsionales. Señala, por ejemplo, que “En ningún caso la transferencia de la calidad de sostenedor alterará los derechos y obligaciones de los trabajadores, ni la subsistencia de los contratos de trabajo individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo que los rijan, los que continuarán vigentes con el nuevo empleador, para todos los efectos legales, como si dicha transferencia no se hubiese producido.”
Sin embargo, no todos los beneficios se transfieren. La Dirección del Trabajo acaba de establecer que, como las personas jurídicas creadas por la ley no persiguen fines de lucro, no están obligadas a pagar gratificación legal (el artículo 47 del Código del Trabajo limita esta exigencia para las empresas que persiguen fines de lucro) ni a continuarla pagando a los trabajadores traspasados que las hubieren percibido, cesando esta obligación “de pleno derecho” (Ord. 1912/046 de 5 de mayo de 2017). De materializarse esto, significaría que profesionales y asistentes de la educación podrían dejar de percibir hasta $104.500 mensuales (tope de anticipo mensual de gratificación pagada según modalidad del artículo 50 del C.T.).
Es cierto que la opinión de la Dirección del Trabajo se ajusta al tenor literal de las normas generales sobre pago de gratificaciones, pero es dudoso que éstas deban prevalecer sobre el tenor y espíritu de una norma especial como el artículo 2 transitorio de la ley 20.845, más aún si se trata de gratificaciones pactadas en los contratos individuales y colectivos de trabajo, los que esta norma busca garantizar de manera expresa. De hecho, la naturaleza jurídica del nuevo sostenedor parece indiferente para efectos de los derechos y obligaciones laborales (no así para recibir financiamiento público), ese es el sentido de la ficción legal que se establece al final: los contratos de trabajo subsisten “como si dicha transferencia (la de calidad de sostenedor) no se hubiese producido”, esto es, como si continuare trabajando para un sostenedor con fin de lucro.
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Primera infancia: el verdadero ausentismo electoral
Daniel Olivares
Fuente: El mostrador
El 19 de junio vivimos por primera vez un proceso de primarias legales, instancia que busca ampliar los procesos de participación y definición ciudadana saliendo del clientelismo de las fuerzas políticas. Sin embargo, la participación en el proceso fue minoritaria: solo el 5,5% del total de votantes. Pero… ¿será la baja participación el verdadero ausente de estas elecciones?
En Chile, la primera infancia ha vivido un ausentismo electoral y programático que no distingue colores políticos ni sociales, pese al consenso de que esta etapa es clave para la disminución de las desigualdades. Y clave, también, para otorgar herramientas equitativas y potenciar el desarrollo neurológico. No obstante, cómo los gobiernos locales han abordado la primera infancia deja mucho que desear.
Según una encuesta del Consejo de la Primera infancia, el 98% de los gobiernos locales está de acuerdo con que los niños y niñas son importantes para el futuro de nuestro país. Es más, el 99% está de acuerdo con invertir más y mejor en esta etapa. Sin embargo, del 70% de los municipios en Chile que no cuenta con un plan para abordar la niñez, además del 30% que sí declara tenerlo, el 22% lo desplegó de forma no participativa. A esto se suma el desgarrador dato de que la mayoría de nuestras autoridades locales piensa que los derechos de los niños y niñas migrantes son secundarios respecto de los derechos de los niños y niñas nacidos en el país.
Pese a los esfuerzos de los distintos gobiernos en materia de cobertura, calidad, protección e intersectorialidad, las políticas públicas no han tenido una bajada sistémica en los municipios. La mayoría denuncia que lo que más dificulta la priorización de la primera infancia es la falta de presupuesto, profesionales y autonomía para tomar decisiones internas. Esto nos obliga a recapitular las prioridades del país que estamos construyendo.
La frase cliché de que los niños y niñas no votan ni marchan, hoy cobra total sentido. Las prioridades electorales siempre han estado centradas en un solo objetivo: ganar las elecciones. Hoy demandamos ampliar esa mirada, potenciar el desarrollo de la primera infancia desde lo local y comenzar la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Pese a los esfuerzos de los distintos gobiernos en materia de cobertura, calidad, protección e intersectorialidad, las políticas públicas no han tenido una bajada sistémica en los municipios. La mayoría denuncia que lo que más dificulta la priorización de la primera infancia es la falta de presupuesto, profesionales y autonomía para tomar decisiones internas. Esto nos obliga a recapitular las prioridades del país que estamos construyendo.
Este sistema de protección integral debe ser un derecho social que no discrimine entre niveles socioeconómicos. Creer que el desarrollo de la primera infancia está asegurado por una condición familiar favorable es desconocer las problemáticas transversales que se viven en esta etapa.
Invertir en primera infancia trae un retorno ocho veces mayor que en otras etapas educativas. Esto implica no solo beneficios económicos sino también sociales.
Si nos comprometemos a considerar la primera infancia como un baluarte en sí mismo, dejando atrás esa noción de que los niños y niñas son el futuro de Chile y pasamos a considerarlos como sujetos de derechos en el aquí y ahora, tenemos la certeza de que nos ahorraremos la discusión sobre la vuelta a la obligatoriedad del voto y nuestros niveles de participación cívica legitimarán cualquier proceso eleccionario posterior. Habremos construido una sociedad más justa.
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Sindicato N°1 apoya el sentir de una Chilota
(significa muy enojado).
Ancud, jueves 12 de mayo de 2016.
Chiloé se levanta y reclama por la grave situación en la que se encuentra la mayor parte de su población.
Si bien el gobierno de turno insiste en decir que lo que hay en la isla de Chiloé es solo marea roja, pero la gente sabia, los ancianos que han dedicado su vida al mar saben que es algo más que la marea roja.
Acá hay mortandad de diversas especies, patos quetros, lobos marinos, machas picorocos y un sin número de especies más.
La cantidad de salmones muertos vertidos en nuestro mar llenos de antibióticos y químicos para su disolución es imposible que no alteren el ciclo de vida de la flora y fauna marina.
Conversando con recolectores de orilla en las barricadas ellos comentan de todo lo que ha varado en la orilla los picorocos que no se sueltan si no es por la fuerza hoy en día salen a la orilla. Miran su mar con la tristeza y el conocimiento de saber que esos fondos marinos no se recuperaran en meses , para eso deberán pasar muchos años. La gente acá tenía una convivencia con la naturaleza similar a la del pueblo mapuche. Tomaban del mar lo suficiente para vivir y generar recursos que permitan sostener temas básicos.
Esas personas que dependen completamente del mar son quienes ven su vida truncada por intereses de los mismos de siempre.
En la isla es imposible pensar que todos quienes vivían del mar podrán cambiar de rubros . Como se hace eso?? Que se deberá explotar ahora??
Ya mataron nuestro mar que se debe esperar que lleguen depredadores de la tierra??? Para palear y entregar empleos en donde hay esclavos con sueldos de hambre.
La situación es triste, la población chilota nunca dimensiono el daño que estaba causando el progreso, las empresas, y con el beneplácito de todos los gobiernos de turno.
Nuestras socias y todas las trabajadoras de integra de Chiloé tienen algún lazo con los pescadores mariscadores y recolectores de orilla. Algunas son esposas, hijas ,madres ,de estos hombres y mujeres de mar.
A todos y todas nos afecta lo que aquí pasó.
Se vienen tiempos de escases la gente lo sabe y se desespera día a día . Se habla de este tema en las barricadas, se habla de los bonos que serán pan para hoy y hambre para mañana, quien pagara por matarnos nuestro mar? El estado impulsara políticas para regular a las empresas que llegan a llenarse los bolsillos? Habrán leyes que protejan nuestro medio ambiente?? Lo vemos difícil porque ya estamos claros que ellos solo cuidan sus patrimonios y nada les importa lo que suceda con nuestra clase.
En la mesa de negociación se está pidiendo recursos básicos para que estas personas logren subsistir. Para tener cosas básicas como leña agua luz gas en esos insumos ya se utiliza como 150.000 mil pesos que comerán esas familias.
Les han matado su fuente laboral.
El gobierno indolente más aun faltando el respeto a la mesa de negociación deposito platas a gente que no era la afectada. Esa gente hoy en día se siente utilizada por las autoridades, porque nos quieren dividir.
Denuncio esto desde la comunidad chilota. Desde la tristeza e impotencia de un pueblo que hoy se manifiesta en las calles a través de su música, de sus mingas y demás expresiones.
Chiloé está privao, triste e impotente ante tanta injusticia.
Gloria Negron Nitor
Dirigente sindical sindicato nacional nro 1.
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Marcha del CIUS reúne a 500 organizaciones sindicales este primero de mayo.
NOTICIA: La conmemoración del día internacional de las y los trabajadores organizada por el Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical (CIUS) se desarrolló sin problemas la mañana de este domingo 1 de Mayo, hasta que efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros irrumpieron cerca del escenario donde los dirigentes de la organización estaban presidiendo el acto de cierre.
[Santiago, 01 de mayo 2016] La manifestación comenzó a las 10 de la mañana en Avenida Brasil con la Alameda y se desarrolló pacíficamente al son de una batucada, hasta el escenario dispuesto en la intersección con Matucana. En ese espacio dirigentes, voceros y miembros del Comité hablarían a las miles de personas que siguieron la marcha, en la que participaron cerca de 500 organizaciones sindicales.
Teresa Díaz, profesora de la comuna de Conchalí manifestó que marchaba “por todas las condiciones que son anti trabajadores. Por un Gobierno que no permite que el trabajador tenga condiciones dignas. Aquí nadie tiene privilegios”.
En tanto otro manifestante, Mauricio González dijo que “no puede ser que el 70% del pueblo de Chile gane 300 mil pesos. Son los empresarios son los que están creando esta situación”.
A las 11:30 horas estaba dispuesto que la marcha terminara con un acto cultural en el escenario levantado para la ocasión en Matucana con Alameda, pero cuando este recién comenzaba, los carros lanza aguas y lanza gases de Carabineros comenzaron a dispersar a los participantes, que pese a todo siguieron las palabras de los dirigentes y asociados de la organización.
Arturo Algazola, miembro de la Unión de Trabajadores y Estudiantes Clasistas y del CIUS manifestó que “estamos contra los patrones y contra el Estado que reprime y explota a los trabajadores, mientras que los empresarios se ganan a la clase política para hacer sus leyes y una Reforma Laboral que va contra los trabajadores y que es apoyada por la CUT”.
“En el futuro, tenemos que seguir luchando para conseguir nuestros derechos y avanzar para construir una nueva sociedad de trabajadores”, sentenció Algazola.
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Debate sobre restricción a libertad sindical marca alegatos ante el TC por reforma laboral
Fernanda Paúl y Mariana Penaforte
Nacional
El Mercurio
Empresariado pidió que la instancia acogiera la solicitud de la oposición, mientras que la CUT aseguró que solo se están reponiendo los «derechos mínimos» de los trabajadores.
«Un sindicato al que se le impide negociar no es un sindicato», señalaba uno de los lienzos con que un grupo de sindicalistas llegaron hasta las dependencias del Tribunal Constitucional (TC) para manifestarse en contra del requerimiento presentado por parlamentarios de la oposición, que busca impugnar la constitucionalidad de cuatro normas de la reforma laboral: Extensión de Beneficios, Titularidad Sindical, Negociación Interempresas y Derecho a la Información.
La escena se dio en medio de la sesión extraordinaria que ayer se realizó por más de diez horas en el TC, donde se recibió en audiencia a 47 solicitantes; entre ellos, parlamentarios oficialistas, empresarios, sindicalistas y abogados. Uno de los principales puntos de debate fue el de la libertad sindical. Mientras quienes apoyan el requerimiento señalaron que las normas sobre titularidad sindical y extensión de beneficios restringen la opción de elección de los trabajadores de pertenecer a un sindicato, el oficialismo aseguró que no existiría tal libertad si ésta perjudica la existencia propia de los sindicatos.
En el primer bloque hablaron mayoritariamente parlamentarios de la Nueva Mayoría. Mientras el diputado Lautaro Carmona (PC) aseguró que la sindicalización seguirá siendo «voluntaria», su par de la DC Matías Walker afirmó que se termina con un «privilegio arbitrario» de los empleadores de extender «unilateralmente» los beneficios. El senador Juan Pablo Letelier (PS), en tanto, acusó a la oposición de pretender «usar y manipular» al TC para «enervar la concreción de esta tan laboriosamente lograda reforma».
Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, criticó el texto presentado por los senadores de oposición. «Han quedado en evidencia una serie de falencias técnicas, citas mal hechas, artículos mal citados, juristas mal señalados», indicó.
Libertad de afiliación
Los abogados que representaron el empresariado centraron mayormente sus argumentos en el derecho a la libertad sindical y de afiliación, citando los convenios 87 y 98 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Héctor Humeres, abogado laboralista que habló en representación de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), dijo que la propuesta de titularidad sindical afecta por lo menos cinco derechos fundamentales de la Constitución, como el de igualdad ante la ley, la libertad de pertenecer a una asociación y de afiliación, entre otros.
Para Christian Acuña, quien representó a la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el punto central de preocupación tiene que ver con la negociación interempresas. Afirmó que se obligará a negociar con una estructura formada fuera de la compañía, con trabajadores con los cuales no existe previamente ninguna relación laboral, y que ello no respeta los principios constitucionales. Gonzalo Bustos, abogado de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), tiene una visión similar: dijo que una empresa intervendrá en las dinámicas laborales y económicas de otra ajena. Para Luis Felipe Sáez, quien expuso representando a la Sofofa, una de las normas reñidas con la Constitución tiene que ver con la extensión de beneficios solo con la venia del sindicato. «Esa tutela de derechos laborales se da en un marco específico, de viabilidad económica de la empresa», dijo Sáez.
«Derechos mínimos»
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, defendió en su exposición la titularidad sindical y la extensión de beneficios pactada con el sindicato. Expresó que, con la reforma laboral, Chile se está poniendo al día y recuperando «derechos mínimos». Opinó que los grupos negociadores no tienen motivo de existir, dado que su función es la misma que cumple el sindicato.
Sobre la creación de sindicatos monopólicos, dijo que esto se utiliza como un argumento en contra de la reforma, pero que hoy ya existen, ya que, según las cifras que citó de la encuesta Encla, el 71,5% de las grandes empresas posee solo un sindicato.
Por su parte, Nolberto Díaz, vicepresidente del gremio de trabajadores, señaló que la extensión de beneficios para todos los trabajadores se ha ocupado por los empresarios como una herramienta para debilitar a los sindicatos y que por ello es necesario que sea un pacto entre las partes, como establece el proyecto de ley.
Centros de estudio
Por otro lado, también intervinieron representantes de centros de estudio. Uno de ellos fue el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín, quien expuso a nombre de Clapes-UC: «Esta reforma laboral conduce al monopolio sindical y a la sindicalización forzada», dijo.
Por su parte, el presidente del Instituto Igualdad, Álvaro Elizalde, indicó que la Carta Fundamental consagra el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente. «El debilitamiento de las organizaciones permanentes de trabajadores los priva de una importante herramienta para que de la negociación colectiva alcance la solución justa a que hace referencia la propia Constitución», agregó.
9 de mayo
Se espera que el TC dé a conocer el fallo. Hoy, el Gobierno y la oposición entregarán sus argumentos.
»Esta reforma laboral conduce al monopolio sindical y a la sindicalización forzada».
FELIPE LARRAÍN Ex ministro de Hacienda
»En ninguna parte del mundo existe esta discusión sobre titularidad sindical. No se cuestiona que si el derecho debe ejercerse colectivamente, es razonable que la ley regule ese colectivo ejercicio».
JUAN PABLO LETELIER Senador PS
»La Constitución consagra el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente».
ÁLVARO ELIZALDE Presidente Instituto Igualdad
»No nos está permitido entender la libertad sindical de un modo que perjudique la existencia y la función política y social propia de los sindicatos».
MATÍAS WALKER Diputado DC
»El monopolio de la extensión de beneficios condiciona coactivamente la afiliación sindical, pues será muy gravoso o perjudicial desafiliarse o no afiliarse».
SERGIO MORALES Instituto Libertad y Desarrollo
»Estamos lejos de estar ejerciendo un cohecho a la libertad de los trabajadores o una obligación forzosa de sindicalización».
BÁRBARA FIGUEROA PRESIDENTA DE LA CUT
»Pretender que las condiciones laborales sólo puedan ser acordadas a través de los sindicatos es tan arbitrario como prohibir la constitución de los mismos».
HÉCTOR HUMERES Abogado (Representó a la CPC)
»Nos gustaría que nuestra Constitución hiciera lo que no hicieron algunos congresistas: salir a la calle y conocer la realidad de las pymes».
JUAN PABLO SWETT Presidente de la Multigremial de Emprendedores
»(Hay) una prohibición del ejercicio del derecho constitucional a la negociación colectiva por parte de grupos que no sean un sindicato».
ARTURO FERMANDOIS Abogado (Representó a la ABIF)
»La libertad del trabajador de sindicalizarse se ve impedida por el poder de las restricciones que imponen los sindicatos».
EDUARDO RIESCO Abogado (Representó a la SNA)
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