Los sindicatos nacionales de la Fundación Integra —Sindicato N°1, SINDIDOS y SINATI— han emitido un comunicado público manifestando su profunda preocupación frente a las recientes medidas de ajuste presupuestario impulsadas por el Gobierno, específicamente la rebaja del 3% aplicada a instituciones públicas y los efectos del Decreto 315 en las condiciones laborales.
Según lo expuesto, estas medidas han generado un impacto directo en la calidad de la educación parvularia y en el bienestar de los niños y niñas atendidos por la institución. Una de las consecuencias más críticas es la restricción en la contratación de personal para reemplazos y nuevos cargos, lo que ha derivado en una sobrecarga significativa para las trabajadoras y trabajadores del sector.
La Fundación Integra, que atiende a cerca de 82.000 niños y niñas a lo largo del país, enfrenta hoy un escenario complejo. La imposibilidad de cubrir ausencias laborales ha deteriorado las condiciones de atención, afectando no solo la calidad del servicio educativo, sino también la seguridad y el desarrollo integral de los menores.
Uno de los cambios más alarmantes se observa en la proporción de atención: mientras anteriormente se consideraba un técnico por cada 15 niños, bajo el Decreto 315 esta cifra puede aumentar a entre 25 y 32 niños por adulto. Este incremento no solo modifica la dinámica pedagógica, sino que compromete estándares básicos de cuidado.
Los sindicatos advierten que esta situación es insostenible y peligrosa, especialmente considerando las condiciones en que muchos niños ingresan al sistema. La falta de recursos humanos adecuados expone a los menores a riesgos que podrían evitarse con políticas públicas más robustas y una adecuada asignación presupuestaria.
Asimismo, se hace un llamado a padres y apoderados a informarse y comprender la magnitud del problema. Si bien destacan el compromiso y profesionalismo del personal educativo, recalcan que las limitaciones estructurales impuestas por estas medidas afectan directamente la calidad del servicio entregado.
Finalmente, las organizaciones sindicales sostienen que el problema no es solo laboral, sino profundamente social: las decisiones presupuestarias están impactando a los sectores más vulnerables, comprometiendo el acceso a una educación inicial digna y de calidad.
El llamado es claro: priorizar la educación pública y garantizar condiciones adecuadas tanto para quienes enseñan como para quienes aprenden.
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